El excandidato a la Presidencia Rodolfo Hernández y su esposa Socorro Oliveros no aceptaron los cargos que le imputó el Juez Octavo Penal de Control de Garantías de Bucaramanga, al ser señalado por una presunta financiación de su campaña electoral con fuentes prohibidas. 

El caso contra Hernández se basa en más de 127 millones de pesos que salieron de su propio bolsillo para financiar su campaña presidencial del 2022, lo que va en contra de la ley, al mismo tiempo que era acusado en un proceso penal por presunta corrupción.

Oliveros también entró en este caso a raíz de que fue la gerente de la campaña de Hernández.

Los abogados Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada fueron los que denunciaron las irregularidades de Hernández tres días antes de la segunda vuelta presidencial contra Gustavo Petro. 

Los juristas argumentaron que el dinero que utilizó el político era prohibido, porque estaría ligado a la presunta financiación en el caso de Vitalogic, por el manejo de la basura en Bucaramanga durante su etapa como alcalde.

En ese caso de Vitalogic, Hernández también fue imputado, pero negó su responsabilidad sobre este hecho.